Counsel in the Maze: Padilla v. Kentucky's Unkept Promise

Cuando la decisión de Padilla salió, muchos abogados de defensa veteranos reaccionaron con una mezcla de admiración y alarma. Entendieron por qué era necesario, pero también sabían lo que implicaría. "Los abogados de defensa criminal tienen experiencia en la conducción de procedimientos criminales," escribió Justice Samuel Alito en una opinión separada, "No se espera que posean—y muy a menudo no poseen—experiencia en otras áreas de la ley." Esperar que cada abogado de defensa sea un experto en inmigración, advirtió Alito, era "unrealistic." La mayoría de la Corte desestimó esa preocupación, pero el tiempo ha probado en gran medida que Alito tenía razón. El deber anunciado en Padilla equivalía a un mandato sin fondos en sistemas de defensa pública agobiados—un requisito bien intencionado sin dinero o infraestructura para respaldarlo. En resumen, la Corte les dijo a los abogados qué hacer, pero no cómo hacerlo.

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Para cumplir con Padilla, un abogado de defensa debe aprender un cuerpo completamente nuevo de ley—lo que algunos llaman ley de "crimmigration", la intersección enredada de estatutos criminales y de inmigración. Esto no es un proyecto casual de investigación de fin de semana; es esencialmente agregar una nueva especialidad. "Es un campo completamente diferente de ley. No es algo que los abogados criminales estén acostumbrados a mantenerse al día. Y la ley cambia constantemente," admitió un chief public defender en una ciudad grande. Su contraparte en otra jurisdicción lo puso aún más directamente: "La ley de inmigración es tan compleja que su public defender promedio no tiene la habilidad en sí mismo para convertirse en el experto en inmigración que necesita ser." Estos son abogados en las líneas del frente, simpáticos al propósito de Padilla, pero dolorosamente conscientes de sus propios límites. Describen la ley de inmigración como un "laberinto de estatutos y regulaciones hiper-técnicos"—un laberinto que incluso los especialistas luchan por navegar. Ahora imagine un public defender con 100 o 200 casos abiertos tratando de encontrar unas pocas horas libres para adentrarse en el Immigration and Nationality Act. No es sorpresa que muchos se sientan preparados para fallar.

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¿Qué tan demandante de tiempo sería el cumplimiento de Padilla? Considere que los estándares nacionales de décadas pasadas—mucho antes de que deberes colaterales como consejo de inmigración fueran contemplados—sugerían que un abogado debería manejar no más de 150 casos de felonía o 400 misdemeanors en un año. Esos límites antiguos de caseload ahora son ampliamente vistos como demasiado altos, sin embargo en realidad muchos public defenders cargan incluso más que eso, a menudo por necesidad. Un estudio reciente encontró que los defensores abrumados terminan haciendo triage de casos, incapaces de dar a cada cliente la atención que merecen. Y ese estudio explícitamente notó que la práctica de defensa de hoy tiene un "alcance expandido", donde los abogados deben pasar tiempo en cosas como evidencia digital y "advising clients on collateral consequences". En otras palabras, el trabajo se ha vuelto más grande, pero los días no se han vuelto más largos. Cada nueva obligación—sin importar qué tan importante—compite con las existentes por un número finito de horas de abogado. El consejo de inmigración, con su análisis complejo, puede consumir mucho tiempo. Una encuesta de especialistas en Padilla reportó que mientras algunos casos directos pueden ser evaluados en 10–20 minutos, otros casos son mucho más intensivos en tiempo, especialmente si el cliente tiene condenas antiguas o expedientes escasos que requieren excavar a través de archivos. Cuando la reunión completa de un abogado con un cliente podría durar 10 minutos en un pasillo de tribunal, es fácil ver cómo la investigación meticulosa que Padilla pide a menudo simplemente no sucede.